Denuncia penal

Sospechas de administración fraudulenta del patrimonio estatal. Apunta contra Julio De Vido y los ex ministros Miceli, Peirano y Lousteau.

El proyecto del tren bala va camino a enfrentar la primera demanda penal que apunta contra los principales funcionarios que llevaron adelante el proceso licitatorio y la adjudicación de las obras que ascienden a casi US$ 4.000 millones.

Con las firmas del abogado Ricardo Monner Sans y del ex diputado Mario Cafiero, se presentará hoy en el fuero federal una nueva denuncia para que se investiguen los posibles delitos de "violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta del patrimonio estatal" que se habrían cometido con el megaproyecto ferroviario.

Entre las autoridades que deberían brindar explicaciones si la Justicia le da curso a la demanda se encuentran el actual titular de de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime y los tres últimos responsables del Ministerio de Economía: Felisa Miceli, Miguel Peirano y Martín Losteau.

De acuerdo con los datos obtenidos por Clarín, la denuncia contra el tren de alta velocidad que unirá la Capital Federal con Rosario y Córdoba se basa en seis puntos críticos que rodean la licitación del polémico proyecto.

Según el planteo de Monner Sans y Cafiero, los ilícitos se encontrarían en:

Un doble engaño a la opinión pública para esconder el monto real de las obras, al referirlas a un hipotético "Valor Actual" y no a su "Valor Nominal", que es el que efectivamente costará la obra y será abonado a los contratistas. Tomando un informe oficial del CIMOP (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas), el costo final de la obra sería de US$ 13.490 millones, muy lejos de los US$ 1.350 millones del "Valor Actual" y los casi US$ 4.000 millones que se aprobaron en la estructura financiera.

El incumplimiento de la ley de inversiones públicas por la ausencia de los estudios técnicos de factibilidad.

Una licitación pública que habría sido en realidad un acto ficticio para disimular la adjudicación directa al consorcio liderado por el grupo francés Alstom.

El cambio radical de la oferta seleccionada mediante la modificación del esquema financiero y el reemplazo del banco banco Natixis por el Societé Generalé.

La aprobación de una estructura de financiamiento sumamente ruinosa que simula un préstamo a 30 años, cuando en realidad el plazo de repago es sustancialmente menor. A eso se agrega un seguro encubierto contra un posible default del país que resulta ampliamente favorable al banco.

La ausencia de un análisis a fondo de los oferentes teniendo en cuenta los desfavorables antecedentes que arrastra a nivel mundial la empresa Alstom.

"La falta de informes técnicos previos y la incongruencia de las cifras anunciadas nos hacen temer que en vez de un "salto a la modernidad", el tren bala sea un verdadero "asalto a las arcas públicas", advirtieron los denunciantes.

¿Un curro presidencial...? Y vaaann...!

Fuente: Clarín